Algunos de sus miembros de la organización Coalición por el Control Ético de la Fauna pegaron ayer carteles en el frontis de la sede donde funciona la Protectora, en calle Libertad, en rechazo a la medida.
Por: Marccela Elizzabeth
La decisión del Primer Juzgado de Garantía de Santiago que resolvió dejar sin efecto algunas de las medidas cautelares que pesaban sobre el director de la Sociedad Protectora de Animales, Luis Navarro, y sus tres colaboradores, y que les permitían regresar desde ayer a sus trabajos, fue ampliamente rechazada por los integrantes de la Coalición por el Control Etico de la Fauna, movimiento que defiende a los animales. Algunos de sus miembros pegaron ayer carteles en el frontis de la sede donde funciona la Protectora, en calle Libertad, en rechazo a la medida.Ayer ni Navarro ni sus colaboradores Iván Molina Bernales, Miguel Lincopi Melillán y Luis Caniullán Quepul se apersonaron en el recinto. El edificio se encontraba vacío y plagado de afiches con leyendas que lo calificaban de "asesino" y "estafador".
NUEVA QUERELLA
Por otra parte, un grupo de personas afectadas por la Sociedad Protectora de Animales presentaron ayer una querella por estafa contra los directivos del organismo. Esta es la tercera acción judicial que se interpone desde diciembre de 2008, cuando se descubrió el escándalo de maltrato y matanza de mascotas al interior de la corporación.El libelo fue presentado por el abogado Pablo Peñaloza.
El profesional explicó que esta querella se sustenta en una serie de recibos de dinero que acreditarían que la Protectora recibía pagos por hacerse cargo del cuidado y la puesta en adopción de las mascotas, que el público entregaba sin conocer su fatal destino.La acción legal está dirigida contra Navarro, su hija Verónica, quien actuaba como administradora de la institución, y todos los miembros del directorio.
Según el querellante, la hija del director "era la persona encargada de recibir los pagos, por lo tanto tenía una participación activa en el ilícito perpetrado".
Añadió también que era imposible que el directorio de la institución "no tuviera conocimiento de las irregularidades y los delitos cometidos al interior de ésta".
Indicó además que "estas personas se han visto beneficiadas con la actividad de la institución", por lo cual serían partícipes activos en los delitos que puedan acreditársele.
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