Por: Loreto Soto
Un informe presentado por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) indicó que Chile es la nación latinoamericana con la tasa más alta de encarcelados con 318 presos por cada 100 mil habitantes, seguido por Panamá y El Salvador. Según la ONU, el progresivo aumento de los delitos en la región se explicaría, entre otras cosas, por la mala distribución del ingreso económico.
Que el sistema penitenciario chileno arrastra una profunda crisis hace varios años no es novedad. Sólo en el 2009 se han emitido una serie de informes de distintos organismos, tanto gubernamentales como internacionales que así lo han constatado. Y es que en un país donde la cultura del miedo está arraigada e, incluso, el flagelo carcelario es tema de programas en todos los canales de televisión abierta, no sorprenden las cifras que, nuevamente, indican que la situación ya no da para más.
Un informe presentado por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) indicó que Chile es la nación latinoamericana con la tasa más alta de encarcelados con 318 presos por cada 100 mil habitantes, seguido por Panamá y El Salvador.
Pese a lo alta que es esta cifra, mayor preocupación causan las pésimas condiciones de vida a las que están sujetos los presos en nuestro país. En junio pasado la Fiscal de la Corte Suprema Mónica Maldonado advertía sobre el panorama “inhumano, cruel y degradante” de los recintos penitenciarios.
En una parte del texto la jurista describía que "la situación de hacinamiento se ve agravada por el hecho que los internos permanecen encerrados en sus celdas por espacio de quince horas diarias, en celdas abarrotadas, que por lo general carecen de servicios higiénicos, y de la adecuada ventilación y luz, Además, se apreciaron pésimas condiciones de higiene, con grandes cantidades de basura acumulada en tarros, desperdicios y fecas, en la calle donde tiene salida los internos y donde reciben su alimentación, exceso de humedad y servicios higiénicos insuficientes".
A este lapidario diagnóstico se sumó el informe redactado por Amnistía Internacional que indicaba que, pese a los avances que ha tenido Chile en materia de derechos humanos, la situación carcelaria y el conflicto mapuche continúan siendo la piedra en el zapato para poder dar un verdadero salto en esta materia.
Pero la situación de Chile no es tan distinta a la del resto de Latinoamérica. De acuerdo al texto de la Ilanud, que recoge información del año 2008, El Salvador, Uruguay y Brasil están también entre los cinco primeros puestos, con 258, 231 y 226 presos por cada 100 mil habitantes, respectivamente. En tanto, Bolivia, tiene una tasa de 85 reos, siendo el país con menos reclusos del continente.
Para el director de la institución, Elías Carranza, el aumento en los delitos y las altas tasas de encarcelados en la región tienen una relación directa con la inequidad de la distribución del ingreso económico de la región. Tesis que calzaría precisamente en Chile, que además es uno de los países donde existe la mayor tasa de desigualdad del ingreso a nivel mundial.
“Con la justicia penal hay que solucionar los problemas penales, pero cuando tenemos más del 50 por ciento de pobreza no podemos resolver los problemas sociales con justicia penal. Latinoamérica necesita justicia social en vez de más cárceles indignas, donde prevalece el castigo, la insalubridad y el hacinamiento, y donde se han duplicado en los últimos años las tasas de reclusión penitenciaria” afirmó Carranza.
Problemas sociales, que en el caso de Chile quedan graficados en la aprehensión, durante esta semana, de un menor de sólo diez años por el robo de un auto y que, además, encabezaba una banda de delincuentes.
Más allá de los problemas de estructura
En su diagnóstico la Fiscal de la Corte Suprema, afirmaba que el sistema carcelario "está en crisis" y que Gendarmería y el Ministerio de Justicia son los llamados a hacerse cargo de esta realidad, que, a su juicio, ha empeorado progresivamente en los últimos años.
Sin embargo, la compleja implementación de la Reforma Procesal Penal parece frenar los problemas estructurales del sistema. Sin ir más allá, con la Reforma Penal Adolescente – parte clave del sistema – aún no se ha logrado vislumbrar resultados concretos en su principal objetivo: la rehabilitación y reinserción laboral de los jóvenes que cometen delitos.
Desde Servicio Nacional de Menores (Sename) - organismo encargado de llevar a cabo la modificación – surgieron una serie de suspicacias respecto de la puesta en marcha de este sistema. Alegaban falta de personal capacitado e infraestructura para acoger la demanda que le imponía esta nueva disposición. Sin embargo, estas peticiones aún no han sido escuchadas y tuvo, durante esta semana, paralizado el servicio una vez más.
Una alternativa posible
El informe de Ilanud hizo referencia, además, a los sistemas penitenciarios de Costa Rica y la República Dominicana como los mejores de la región gracias a la elevada formación de todos sus funcionarios, la estabilidad profesional que se ofrece a los trabajadores y la interrumpida continuidad del programa de reforma del sistema.
A diferencia de lo que ocurre en el resto América Latina, donde el sistema carcelario colapsa por el hacinamiento y la violencia, en Costa Rica se implementó hace tres décadas una forma de hacer las cosas con una "visión humanista" que, hasta el momento, ha dado excelentes resultados, tal como lo han constatado las entidades internacionales.
El sistema de prisiones costarricense, que alberga a poco menos de 8 mil presos, está basado en el respeto de los derechos humanos y la observancia de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, así como el diálogo, la integración al trabajo o el estudio.
De hecho, alrededor del 70 por ciento de la población carcelaria del país centroamericano está integrada a la vida laboral, ya sea en tareas agrícolas, como producción de alimentos granos, legumbres o frutas, que abastecen al sistema penitenciario mismo, o en otros oficios.
Una alternativa que podría suplir el exceso de población en las cárceles y que podría contribuir a concretar su objetivo principal: la rehabilitación y la reinserción laboral.
Un informe presentado por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) indicó que Chile es la nación latinoamericana con la tasa más alta de encarcelados con 318 presos por cada 100 mil habitantes, seguido por Panamá y El Salvador. Según la ONU, el progresivo aumento de los delitos en la región se explicaría, entre otras cosas, por la mala distribución del ingreso económico.
Que el sistema penitenciario chileno arrastra una profunda crisis hace varios años no es novedad. Sólo en el 2009 se han emitido una serie de informes de distintos organismos, tanto gubernamentales como internacionales que así lo han constatado. Y es que en un país donde la cultura del miedo está arraigada e, incluso, el flagelo carcelario es tema de programas en todos los canales de televisión abierta, no sorprenden las cifras que, nuevamente, indican que la situación ya no da para más.
Un informe presentado por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) indicó que Chile es la nación latinoamericana con la tasa más alta de encarcelados con 318 presos por cada 100 mil habitantes, seguido por Panamá y El Salvador.
Pese a lo alta que es esta cifra, mayor preocupación causan las pésimas condiciones de vida a las que están sujetos los presos en nuestro país. En junio pasado la Fiscal de la Corte Suprema Mónica Maldonado advertía sobre el panorama “inhumano, cruel y degradante” de los recintos penitenciarios.
En una parte del texto la jurista describía que "la situación de hacinamiento se ve agravada por el hecho que los internos permanecen encerrados en sus celdas por espacio de quince horas diarias, en celdas abarrotadas, que por lo general carecen de servicios higiénicos, y de la adecuada ventilación y luz, Además, se apreciaron pésimas condiciones de higiene, con grandes cantidades de basura acumulada en tarros, desperdicios y fecas, en la calle donde tiene salida los internos y donde reciben su alimentación, exceso de humedad y servicios higiénicos insuficientes".
A este lapidario diagnóstico se sumó el informe redactado por Amnistía Internacional que indicaba que, pese a los avances que ha tenido Chile en materia de derechos humanos, la situación carcelaria y el conflicto mapuche continúan siendo la piedra en el zapato para poder dar un verdadero salto en esta materia.
Pero la situación de Chile no es tan distinta a la del resto de Latinoamérica. De acuerdo al texto de la Ilanud, que recoge información del año 2008, El Salvador, Uruguay y Brasil están también entre los cinco primeros puestos, con 258, 231 y 226 presos por cada 100 mil habitantes, respectivamente. En tanto, Bolivia, tiene una tasa de 85 reos, siendo el país con menos reclusos del continente.
Para el director de la institución, Elías Carranza, el aumento en los delitos y las altas tasas de encarcelados en la región tienen una relación directa con la inequidad de la distribución del ingreso económico de la región. Tesis que calzaría precisamente en Chile, que además es uno de los países donde existe la mayor tasa de desigualdad del ingreso a nivel mundial.
“Con la justicia penal hay que solucionar los problemas penales, pero cuando tenemos más del 50 por ciento de pobreza no podemos resolver los problemas sociales con justicia penal. Latinoamérica necesita justicia social en vez de más cárceles indignas, donde prevalece el castigo, la insalubridad y el hacinamiento, y donde se han duplicado en los últimos años las tasas de reclusión penitenciaria” afirmó Carranza.
Problemas sociales, que en el caso de Chile quedan graficados en la aprehensión, durante esta semana, de un menor de sólo diez años por el robo de un auto y que, además, encabezaba una banda de delincuentes.
Más allá de los problemas de estructura
En su diagnóstico la Fiscal de la Corte Suprema, afirmaba que el sistema carcelario "está en crisis" y que Gendarmería y el Ministerio de Justicia son los llamados a hacerse cargo de esta realidad, que, a su juicio, ha empeorado progresivamente en los últimos años.
Sin embargo, la compleja implementación de la Reforma Procesal Penal parece frenar los problemas estructurales del sistema. Sin ir más allá, con la Reforma Penal Adolescente – parte clave del sistema – aún no se ha logrado vislumbrar resultados concretos en su principal objetivo: la rehabilitación y reinserción laboral de los jóvenes que cometen delitos.
Desde Servicio Nacional de Menores (Sename) - organismo encargado de llevar a cabo la modificación – surgieron una serie de suspicacias respecto de la puesta en marcha de este sistema. Alegaban falta de personal capacitado e infraestructura para acoger la demanda que le imponía esta nueva disposición. Sin embargo, estas peticiones aún no han sido escuchadas y tuvo, durante esta semana, paralizado el servicio una vez más.
Una alternativa posible
El informe de Ilanud hizo referencia, además, a los sistemas penitenciarios de Costa Rica y la República Dominicana como los mejores de la región gracias a la elevada formación de todos sus funcionarios, la estabilidad profesional que se ofrece a los trabajadores y la interrumpida continuidad del programa de reforma del sistema.
A diferencia de lo que ocurre en el resto América Latina, donde el sistema carcelario colapsa por el hacinamiento y la violencia, en Costa Rica se implementó hace tres décadas una forma de hacer las cosas con una "visión humanista" que, hasta el momento, ha dado excelentes resultados, tal como lo han constatado las entidades internacionales.
El sistema de prisiones costarricense, que alberga a poco menos de 8 mil presos, está basado en el respeto de los derechos humanos y la observancia de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, así como el diálogo, la integración al trabajo o el estudio.
De hecho, alrededor del 70 por ciento de la población carcelaria del país centroamericano está integrada a la vida laboral, ya sea en tareas agrícolas, como producción de alimentos granos, legumbres o frutas, que abastecen al sistema penitenciario mismo, o en otros oficios.
Una alternativa que podría suplir el exceso de población en las cárceles y que podría contribuir a concretar su objetivo principal: la rehabilitación y la reinserción laboral.
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