EL CONFLICTO MAPUCHE

Leftraru (Lautaro), Pintura de Pedro Subercaseaux

Escribe: Daniel Yánez

La opinión pública internacional conoció un lapidario informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denunciando que el Gobierno de Ricardo Lagos puso en marcha en Chile un proceso etnicida contra los pehuenches. El documento prevé que en un lapso de diez años significará la desaparición total de la etnia, como organización humana estructurada en base a una cultura ancestral y un sistema de vida con características particulares.

El mismo informe señala, además, que en el plano general se ha criminalizado y se reprimen las justas reivindicaciones de los pueblos originarios, principalmente de los mapuches, configurándose repetidas violaciones a los derechos humanos de una parte importante de la población del país.

El informe es el resultado de diversas misiones enviadas a Chile por la FIDH, ante la preocupante y precaria situación de los derechos humanos generada en el llamado 'conflicto mapuche'. El documento, firmado por la periodista francesa Nicole Du Roy y la abogada ecuatoriana Paulina Palacios, está fechado en marzo del 2003 y hasta el 2004 tuvo un manejo confidencial, pero al cumplirse un año de su evacuación y ante la nula reacción de las autoridades chilenas, diversas organizaciones decidieron hacerlo público.

El contundente informe de 52 páginas recibió el espaldarazo de Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien fue enviado a Chile por esta misma preocupación y emitió hace sólo tres meses un documento que ratifica las denuncias de la FIDH.

Breve Historia

Las parcializadas informaciones sobre el llamado 'conflicto mapuche' ocultan un proceso que no surgió espontáneamente en el sur de Chile y Argentina. Por el contrario, no es más que la continuación de una vieja historia de seis siglos.

El conflicto de los pueblo originarios y en particular de los mapuches tiene su origen en la colonización de Chile por los españoles, quienes -tras siglos de lucha- nunca lograron establecer su dominio sobre este pueblo, llegando finalmente a una Tratado o Parlamento de Quillén, 1641, que reconoce como territorio autónomo en Chile las tierras ubicadas al sur del río Bío Bío.

A partir de aquel acuerdo, se generaron sucesivos cambios finalmente 'estabilizados' en lo que se llamó 'Pacificación de la Araucanía', una campaña militar emprendida por el gobierno chileno a partir de 1888 cuyo objetivo final fue la integración de esas poblaciones a la nacionalidad chilena, pese a lo cual estos pueblos lograron mantener sus particularidades, siendo víctimas a través de los anos de una verdadera expoliación de sus tierras bosques, aguas, recursos costeros.

Un cambio de mentalidad o intento por reparar la política anterior, se inició con el gobierno de Eduardo Frei Montalba (1964/1970), que recuperó 3,5 millones de hectáreas para devolvérselas al pueblo mapuche. El proceso se aceleró con el Presidente Salvador Allende, que en tres años alcanzó a restituir a los indígenas otros 6,5 millones de hectáreas. El proyecto integral fue interrumpido por el golpe que encabezó Augusto Pinochet.

El dictador inició una contra-reforma, enmarcada en el decreto-ley de división de las comunidades indígenas, anulando todo lo obrado mediante las expropiaciones anteriores, que pretendió eliminar totalmente el régimen de tenencia comunitaria de la tierra (que aún subsiste en gran parte del territorio).

En la región de La Araucanía estableció la propiedad individual, entregando 72.000 hijuelas, que -junto con dividir las comunidades- llevó a sus habitantes a una pauperización total, dada la escasa superficie entregada que no permite constituir una unidad económica viable.

Transcurridos casi 15 años del restablecimiento de la 'Democracia' entre comillas la situación dejada por la dictadura no ha cambiado fundamentalmente y los pueblos originarios siguen en un estado de miseria y discriminación, con relación al resto de la población chilena.

Se les continúan usurpando sus derechos ancestrales a los recursos de la naturaleza.

Siguen siendo despojados de sus tierras, les arrebatan el usufructo de los cursos de aguas y del disfrute de los recursos del mar y son simplemente barridos de su hábitat para dar paso a megaproyectos de empresas transnacionales, en tanto que se les destruye el bosque nativo y con ello la fauna y flora de la que vivían, para consolidar el desarrollo de las poderosas empresas forestales que ya poseen 2,5 millones de hectáreas de bosque de crecimiento rápido (pino y eucalipto), con un 80% de Pinus radiata.

Un estudio de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) da cuenta que en el período 1985/1994, la tasa anual de deforestación fue de 36.700 hectáreas y que casi un 40% de esa superficie fue destruida para ocupar su lugar con plantaciones.

En esta breve síntesis está la génesis del conflicto planteado por un pueblo que se levanta ante la alternativa de reaccionar o desaparecer en tanto etnia. La reacción de los sucesivos gobiernos de la Concertación, en lo sustantivo, no está tanto en la coyuntura, por muy graves que sean las secuelas, sino en la incapacidad para dar una respuesta eficaz, con soluciones concretas a estos campesinos de origen mapuche, quienes, sin duda, son los mas pobres entre los pobres del país, de acuerdo a un informe emitido en París por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

* Daniel Yánez es periodista chileno.